Zapete afirma Gonzalo firmó contratos con ASIMRA sin autorización del Poder Ejecutivo

 SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una comunicación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo confirma que no fue otorgado un poder especial al entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, por parte del presidente Danilo Medina, para la firma de los tres contratos con la sociedad comercial Grupo ASIMRA, por unos RD$ 1,000 millones.

La información fue divulgada este jueves por el periodista Marino Zapete en su cuenta de Twitter, quien publicó la respuesta de la Consultoría, a raíz de una petición hecha por el abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), en la que requiere todos los poderes especiales otorgados a Castillo para firmar los contratos con la referida empresa.

Los contratos con la compañía fueron rubricados los días 10 de junio de 2013, 1 de noviembre de 2017 y 30 de noviembre de 2017, para para la compra de cemento asfáltico (AC-30) por efecto de decreto de urgencia. El primero de ellos fue firmado Massiel Uceta Sánchez, como representante del Grupo ASIMRA y los posteriores por Maybeth Rodríguez (hermana del procurador Jean Alain Rodríguez).

«No fue encontrado ningún registro relativo a algún Poder Especial otorgado al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones para los contratos concertados con la sociedad GRUPO ASIMRA, S.R.L.», señala la comunicación de la Consultora.

En uno de los contratos colgados por el periodista, en los que Maybeth Rodríguez aparece como apoderada legal de la empresa ASIMRA, se establece que Gonzalo Castillo, en su condición de ministro, actúa en virtud del Poder Especial otorgado por el presidente de la República.

Sin embargo, la certificación obtenida a través del portal de libre acceso a la información (SAIP), destaca que, a pesar de no haber sido emitido el poder especial para los contratos, “el numeral 28 del artículo 14 (Artículo 28) de la ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, del 9 de agosto del 2012, establece como una de las atribuciones de los ministros suscribir en representación del Estado los contratos relacionados con asuntos propios del Ministerio, lo que significa que los contratos de referencia para su validez, no requieren autorización del presidente de la República”.

Pese a esto, en el contrato se reitera que “la validez del contrato estará supeditada a la emisión del poder especial que debe otorgar el presidente de la República”.

«Si dice en su contrato que él (Gonzalo Castillo) está actuando por un poder especial otorgado por el presidente y si él mismo dice en el contrato que firma, que ese contrato solo vale si hay un poder, y no hay poder… ¿alguien me puede explicar eso? Está violando su propio contrato y está mintiendo», afirma el periodista sobre las libertades del ministro otorgadas por la Ley de la Administración Pública referida en la certificación.