Caso Coral, a espera de que juez fije audiencia para conocer prórroga pedida por la Pepca


El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, tiene previsto fijar próximamente una audiencia para escuchar, de manera detallada, las razones que movieron a los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a solicitar una prórroga de cuatro meses para ampliar la investigación de la presunta red de corrupción liderada por el mayor general Adán Cáceres, desmantelada mediante la Operación Coral.

Durante la audiencia, los representantes las defensas de los imputados deberán fijar su posición y argumentar si no están de acuerdo con que a la Pepca se le dé más tiempo.

El procurador adjunto, Wilson Camacho, confía en que el tribunal acoja la solicitud que hicieron y le autorice el plazo que le solicitó la Pepca. Con el tiempo requerido quieren profundizar en las investigaciones y completar las nuevas líneas de investigación que han surgido, a fin de llevar ante la justicia a cada involucrado en la presunta trama corrupta.

oral

El plazo fue solicitado el pasado 4 de enero, luego de que los abogados de los imputados en el caso demandaran del tribunal la intimación a la Pepca para que deposite su acusación. El órgano persecutor aclaró que la fecha límite que tenía la Pepca para depositar sus actos conclusivos de la investigación era el 10 de enero y no el día 5 como alegaban algunas de las defensas.

El Ministerio Público también reveló que, igual que como pasó en otros casos de corrupción, en la acusación del entramado religioso-militar desmontado en la Operación Coral, serán incluidos nuevos imputados que tuvieron participación en los hechos para supuestamente desfalcar al Estado.

La red Coral

Las investigaciones de la Pepca establecen que Adán Cáceres se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), institución que dirigía.

La alegada red de corrupción también se extendió hasta el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). De acuerdo con la Pepca, en estas instituciones se incluían en la nómina a militares y policías que se prestaron para hacer desfalcos millonarios a cambio de pequeños montos de ganancia.

Supuestamente, la red utilizó instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro para lavar dinero sustraído del erario público. Dicen que los imputados llegaron a aumentar considerablemente su patrimonio de manera que no podían justificar.

Entre los procesados figuran Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez. Además del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.

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