Juez del Tribunal Constitucional advierte que las autoridades deben actuar con legalidad, pero los ciudadanos también tienen que obedecer

San Juan de la Maguana. El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, juez del Tribunal Constitucional, hizo un firme llamado al respeto del orden constitucional al sostener que tanto las autoridades como los ciudadanos están obligados a cumplir deberes esenciales para garantizar la convivencia democrática, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional. 

Durante la conferencia de apertura del Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, el alto juez afirmó que las autoridades deben ejercer sus funciones con estricto apego al principio de legalidad, pues solo de esa manera sus actuaciones pueden resultar legítimas ante la ciudadanía y compatibles con los postulados del Estado social y democrático de derecho. 

En su exposición, Vargas Guerrero advirtió que una Administración Pública que se aparta de la Constitución, de la ley y de la jurisprudencia constitucional abre paso a la arbitrariedad, debilita la confianza ciudadana y compromete seriamente la legitimidad del poder público. En ese contexto, resaltó la importancia de la jurisprudencia constitucional como instrumento fundamental para asegurar que los actos administrativos estén debidamente motivados, sujetos a control y plenamente subordinados al Derecho, como corresponde a un sistema democrático basado en la supremacía constitucional. 

El magistrado también dirigió un mensaje claro a la ciudadanía, al recordar que el respeto al orden constitucional no es una carga exclusiva de quienes ejercen funciones públicas. 

Señaló que los ciudadanos igualmente están llamados por la Constitución a “respetar y obedecer a las autoridades”, de conformidad con el artículo 75.1, por lo que el fortalecimiento del Estado de derecho requiere no solo de autoridades sometidas a la ley, sino también de una ciudadanía consciente de sus deberes y comprometida con el respeto a la institucionalidad. 

Vargas Guerrero enfatizó que someterse a las reglas del Derecho constituye una garantía de libertad y de la relación armoniosa que debe prevalecer en toda sociedad democrática. 

Indicó que no puede haber institucionalidad fuerte si las autoridades actúan al margen de la legalidad, ni democracia sólida si los ciudadanos desconocen sus responsabilidades frente al orden constitucional. 

Con esta ponencia, el juez del Tribunal Constitucional colocó en el centro del debate un mensaje de profunda relevancia para la vida pública nacional: sin legalidad en el ejercicio del poder y sin respeto ciudadano a la autoridad legítima, la democracia pierde firmeza, equilibrio y credibilidad.