Ratifican la prisión preventiva al coronel Núñez de Aza por el Caso Coral

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió este viernes la solicitud del Ministerio Público y decidió mantener en prisión al coronel Rafael Núñez de Aza, procesado por su supuestos vínculos a la red de corrupción desmantelada en el mes de abril con la Operación Coral.

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que este viernes la justicia conoció también una solicitud de peticiones del imputado mayor general Adán Cáceres con el objetivo de permirirle el acceso a sus abogados al recinto penitenciario con mayores libertades, detalló Ortiz, al responder preguntas de representantes de los medios de comunicación a la salida del tribunal.

En relación con Rafael Núñez de Aza, quién solicitó una revisión de la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, dijo que “el tribunal ha entendido que no hay lugar para variar la medida de coerción que pesa sobre este, que se mantiene el peligro de fuga y que seguirá en prisión preventiva”.

En tanto que, sobre la solicitud del mayor general Adán Cáceres, indicó que “lo que ha decidido el tribunal es que este tiene que respetar las normas del recinto penitenciario, que no puede existir ningún tipo de privilegio y que sus abogados tienen que conducirse bajo las normas establecidas en el recinto penitenciario”, ya que no se pueden tener “normas exclusivas para imputados exclusivos”.

La coordinadora de Litigación de la Pepca resaltó que los abogados siempre han tenido acceso a sus clientes. “Así lo hicimos saber al tribunal, así lo expresa el informe que el sistema penitenciario ha emitido en el que constan, incluso, las firmas de estos abogados, todas las veces que han tenido acceso al sistema”, refirió.

Explicó que los representantes legales quieren tener un acceso más allá de lo previsto por las normas, lo que descartó, “porque el sistema penitenciario no tiene imputados preferidos”.

La fiscal Ortiz explicó que dada la complejidad del caso y de las pruebas contundentes que ha presentado el Ministerio Público, los abogados de Cáceres Silvestre requirieron más horas con su representado

Dijo que, aunque la jueza concedió un espacio de tiempo más prolongado, siempre será en igualdad de condiciones de los demás privados de libertad y respetando las normas del sistema penitenciario.

En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.

Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.

Al grupo se le acusa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones.

El entramado criminal desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.