Presidente del Tribunal Constitucional destaca valentía en implementación de Estrategia de Seguridad Ciudadana


TC y MIP firman acuerdo para fomentar la difusión del respeto a los derechos fundamentales 

SANTO DOMINGO. - El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, valoró como positivo la implementación de la Estratégica Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” que inició el Ministerio de Interior y Policía (MIP) con un plan piloto en el sector de Cristo Rey y que se extenderá hasta otras localidades en los próximos días. 

“Ese no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, si no se acometía con la valentía, con el arrojo, con la integridad con que usted, ministro Jesús Vásquez lo ha estado haciendo en el ministerio junto a su equipo, los resultados se iban a esperar durante muchos años y el país no puede esperar más, porque todos reclamamos seguridad ciudadana”, indicó. 

Saludó, además, la integralidad con que se está llevando a cabo la intervención en esta ocasión, impactando diferentes áreas de las zonas impactadas. 

Ray Guevara consideró que “lo que se está haciendo ahora es una visión de conjunto, el elemento educativo, el elemento deportivo, de educación general, de llevarles a esos jóvenes la posibilidad de trabajar, elementos para que puedan desarrollar su vida fuera del ámbito de la delincuencia”. 

Habló del tema al firmar un acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía mediante el cual establecen vínculos de cooperación que permitirán desarrollar iniciativas que fomenten el estudio y la difusión del respeto a los derechos fundamentales, así como a las normas constitucionales fijadas en el ordenamiento jurídico. 

El convenio fue rubricado por Ray Guevara, presidente del TC y el ministro de Interior y Policía, Jesús Antonio Vásquez Martínez, en un acto realizado en la sede de la alta corte que contó con la presencia de magistrados y funcionarios de ambos organismos. 

Vásquez Martínez explicó que, con la firma de este acuerdo, el “Tribunal Constitucional y el Ministerio de Interior y Policía trabajaremos en conjunto para que todos los aspectos del Plan de Seguridad Ciudadana sean ejecutados en estricto apego a la Constitución, y por igual que el conocimiento de los derechos fundamentales llegue a cada miembro de nuestra institución y de cada ciudadano, ya que la seguridad es transversal a todos los niveles y repercute en toda la ciudadanía”. 

El acuerdo 

Como parte del acuerdo, ambas instituciones se comprometen a cooperar en el desarrollo de capacidades en términos metodológicos de investigación y en la elaboración de estudios vinculados a la Constitución. También elaborarán una estrategia basada en temas puntuales para desarrollarlos en cada actividad, además de planificar y organizar eventos relacionados con difundir el respeto a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales. 

El TC y el MIP colaborarán con la organización de cursos, diplomados, talleres y conferencias relacionados con los temas de interés común. También avalarán con sus nombres y logos las certificaciones que otorguen a los participantes en cursos, diplomados, talleres, seminarios y otras actividades. 

Entre las acciones que asumirá el TC están ofrecer asesoría educativa en las áreas de derecho constitucional y jurisprudencial al Ministerio de Interior y Policía, así como mantener a la institución actualizada sobre las últimas decisiones jurisprudenciales y enviar los compendios jurisprudenciales y las obras literarias publicadas por el TC. 

De su lado, el MIP se compromete a facilitar expertos y a desarrollar acciones de investigación conjuntas que proporcionen apoyo técnico a las iniciativas propuestas por el TC en temas de seguridad ciudadana, delincuencia y crimen organizado, además de promover el estudio de la Constitución entre sus colaboradores. 

Para garantizar el éxito del convenio, las dos entidades se comprometieron a auditar y analizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes anuales elaborados de manera conjunta. También elaborarán un plan de trabajo anual que funcionará bajo la responsabilidad del Centro de Estudios Constitucionales del TC y de la Dirección Jurídica del Ministerio de Interior y Policía. 

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