La Calidad del Gasto Público en Educación



Por Ivis Ninoska Catano Nolasco
El gasto público es la herramienta de la que disponen los Estados para garantizar derechos fundamentales a sus habitantes, tales como recibir una educación de calidad. El Estado Dominicano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar una educación de calidad, integral, permanente, y en igualdad de condiciones y oportunidades, para todos sus ciudadanos (Constitución de la Republica Dominicana, 2010) .

A fin de cumplir con este mandato constitucional, algunos actores resaltan la necesidad de asignar cada vez mayor proporción de los recursos públicos a la función educativa. Sin embargo, las experiencias que hemos acumulado desde el 2013, cuando el gobierno –en cumplimiento de la ley– dispuso el 4% del Producto Interno Bruto para educación evidencian que estas acciones no constituyen soluciones suficientes. Dichas evidencias demuestran que el aumento del gasto no se traduce necesariamente en una mejora integral de la calidad educativa.

Queda demostrado que el gasto público promedio en educación, cuando el porcentaje del PBI aumentó de 2.7% a un 4.3% contribuyó a elevar la matriculación, sin embargo, la calidad de los aprendizajes no aumentó en la misma proporción. Esto debido a que mayor porcentaje de estudiantes en el aula no significa mayor calidad de aprendizaje.

Según Vega& Coffin (2014)  las diferencias en el nivel de inversión y el desempeño entre países pueden ser explicadas entre otros, por los rendimientos marginales decrecientes que presenta la inversión en educación. Es decir, el aumento de la inversión a partir de ciertos niveles de gasto tiene un rol cada vez menor en el desempeño educativo.

Podemos observar en el estudio EDUCA (2010)  que falta mucho camino por caminar para alcanzar los objetivos por los cuales la sociedad dominicana luchó durante tres décadas, para que el gobierno asumiera la responsabilidad de emplear muchos más recursos en educación.

Tenemos que reconocer que dicha inversión no garantiza una mejor calidad educativa, no obstante, hay que aprovechar la disponibilidad de esos recursos para buscar otras alternativas que nos ayuden a mejorar la calidad educativa.

Podemos afirmar que el 4% fue un logro de la sociedad civil, quienes lograron que los candidatos presidenciales firmaran el pacto en 2012 de hacer cumplir la ley 66-97 que manda realizar una inversión del 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria materializada en el 2013, en el gobierno del presidente Danilo Medina.

Educa estima que durante los años en que se evadió cumplir la ley dejamos de invertir en educación el equivalente a 10 mil 569 millones de dólares.

De manera que, de no haber sido por los grupos sociales, todavía estaríamos con aquellos penosos años en la que las escuelas eran hacinamientos de niños, con frecuencia, sin siquiera tiza, ni borradores y los maestros vivían en la más penosa pobreza.

Pero la mejora de los avances no puede impedir que veamos la deficiencia que nos muestra el estudio, el cual cuestiona la calidad del gasto educativo, demostrando que la calidad de la educación no se encuentra en el financiamiento, sino en la preparación de los docentes para que estos puedan dar una mejor calidad educativa y en el bajo compromiso que muestran muchas familias para apoyar el aprendizaje de sus hijos e hijas, más allá de enviarlos a la escuela.

Finalmente, hay que decir que, sin renunciar a los recursos de que dispone hoy día el sector educativo preuniversitario, debemos reconocer que una educación de calidad no depende únicamente de mayor financiamiento, sino de mejores actores que se involucren en la educación de los y las estudiantes, que se capaciten cada día más, y se distribuyan mejor las partidas presupuestarias a donde sean más necesarias.

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