Piden a CIDH visitar Guatemala para ver hostigamiento a activistas y jueces

GUATEMALA.- Debido al aumento de ataques hacia activistas y jueces, la Comisión Interamericana de Juristas hizo un llamado hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que verifique “in situ” el hostigamiento y los ataques que sufren ambos sectores.

En un comunicado, la ONG internacional, con sede en Guatemala, pide a la CIDH, al subcomité de Derechos Humanos del Parlamentario Europeo y al Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados que “visiten el país y puedan verificar” la situación a la que están siendo sometidos, mediante “acusaciones espurias” y ataques sistematizados.

La CIJ, que manifestó su “profunda preocupación”, dijo que los jueces se encuentran bajo la presión del Sistema Disciplinario del Poder Judicial, usado “indebidamente por grupos y personas descontentas con las decisiones judiciales en casos de alto impacto”.

“La difícil función que cumplen jueces y juezas en el presente contexto, hace evidente que son objeto de ataques que buscan afectar su función como profesionales honestos e independientes”, por lo que piden diseñar un sistema de Carrera Judicial que garantice su imparcialidad.

Entre el pasado 18 y 19 de junio, se celebró en Guatemala una serie de jornadas sobre independencia judicial con representantes de diferentes asociaciones de jueces de Centroamérica y ahí se pudo constar que existen “actos arbitrarios”, como intentar amedrentarlos para “apartarlos del proceso o bien para lograr su destitución”.

Como ejemplo pone el caso de las juezas Ericka Aifán o Yassmín Barrios, o los de Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano o Pablo Xitumul, quienes están “bajo presión y asedio del régimen disciplinario” debido a la función “independiente” que cumplen al aplicar “imparcialmente” el derecho entre los ciudadanos.

Estos togados son particularmente conocidos en el país por estar a cargo de procesos de alto impacto, como los casos de corrupción que implican al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), entre otros, o causas de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Esos funcionarios, explica la CIJ, tienen denuncias “espurias” presentadas en su contra ante el régimen disciplinario del Poder Judicial o ante otras instituciones del Estado de Guatemala que deberían ser “desestimadas in limine”.

En este contexto, continúa, el Estado de Derecho en Guatemala está “en riesgo” y ante ello hace un llamamiento a los funcionarios para que hagan “el mayor esfuerzo posible” para lograr que “el principio de legalidad vuelva a ser el fundamento”.

La función de los jueces y los defensores de derechos humanos fue resaltada en una resolución del Parlamento Europeo en 2017, en la que se reconocía que ambos grupos “han sido objeto de intimidación y denuncias falsas”, incluido el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez.

Ante esta situación, la CIJ insta al Estado y a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala a “asumir un papel mucho más activo” en la defensa de los jueces que actúan “con imparcialidad” y pide respetar y aplicar esa declaración del Parlamento Europeo, de fecha de 16 de febrero del año pasado.

En el documento hecho público este viernes, la ONG también lamentó la muerte de unos 7 defensores de derechos humanos en las últimas semanas, miembros sobre todo del Comité de Desarrollo Campesino y del Comité Campesino del Altiplano.

Unos ataques que relaciona con el intento del Congreso de reformar la Ley de Reconciliación Nacional para provocar “más impunidad” y aprobar una amnistía por crímenes de lesa humanidad.

“Todos estos ataques y acciones sugieren que se está llevando a cabo una estrategia de presión y represión selectiva, analizada y definida en forma coordinada, mediante encuentros y reuniones que permiten su discusión, análisis y definición por parte de personas al más alto nivel”, agregó.

En este mismo sentido, exhorta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo una investigación “exhaustiva” e implementar un “plan de acción” para clausurar las cárceles “de lujo” en complejos militares, pues cree que de ahí podrían venir las estrategias de “presión y represión selectiva”.