Domínguez Brito pondera decisión llevar a juicio fondo ex alcalde La Romana

SANTO DOMINGO,-El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ponderó la decisión de la juicio contra el ex alcalde de La Romana Juan Antonio Adames Bautista y contra otros cuatro cargos del Ayuntamiento, acusados de malversar unos 200 millones de pesos.

La magistrada de la Corte de Apelación Penal Miguelina Mendoza, ejerciendo como juez especial de la Instrucción, envió a juicio de fondo al suspendido alcalde, así como a los ex tesoreros Rafael Augusto Rocha Trinidad, Remigio Antonio Pilier Mercedes, Francisco Severino Nolasco y Michael Ferreyra Berroa.

Estos últimos encausados eran los encargados de compras y de obras municipales, respectivamente, indicó hoy la Procuraduría en un comunicado.

"Con decisiones como estas, con las cuales los jueces permiten ventilar los casos en un juicio de fondo, se fortalece la lucha impulsada para perseguir y combatir la corrupción administrativa en el país", sostuvo Domínguez Brito.

Además, dijo que espera que en este caso impere la justicia y la verdad, "son casos en los que se necesita llegar al fondo y que sean esclarecidos, es tiempo ya de dar respuestas contundentes a este flagelo, tal y como lo espera la sociedad".

Domínguez Brito señaló que cuentan con pruebas contundentes para demostrar los hechos imputados en contra del ex alcalde de La Romana y los demás funcionarios de esa entidad, obtenidas mediante una ardua labor de investigación, dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

"Se hace necesario que en el país se castiguen casos como esos, que impiden que nuestra sociedad alcance desarrollo pleno, y dejar claro que todo el que incurra en ese tipo de actuación tendrá que enfrentar la justicia", enfatizó el Jefe del Ministerio Público.

Los imputados, todos bajo arresto, están acusados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano que relativos a delitos de falsificación y uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y la asociación de malhechores en perjuicio del Estado.

En noviembre de 2013, la PEPCA obtuvo órdenes arresto y allanamiento contra los imputados, y en el transcurso de la investigación reunió diferentes elementos probatorios que señalan su responsabilidad penal.

A partir de ahora, el Ministerio Público está a la espera de que se fije la fecha para el conocimiento del juicio de fondo en la jurisdicción especial del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.